El INE impondrá una multa de 500 mil pesos a la organización Que Siga la Democracia, de la morenista Gabriela Jiménez, por presentar 15 mil firmas de fallecidos en apoyos para la revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, dio vista a la Fiscalía General de la República para que investigue y sancione penalmente, pues -argumentaron los consejeros- se cometieron diversos ilícitos.

De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, quien haga mal uso de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores recibirá una pena de hasta siete años de prisión y hasta 200 días de multa.

Para la revocación de mandato, el INE revisó casi 5 millones de firmas y quedaron pendientes otras 6 millones.

En la cifra revisada se detectaron 17 mil 766 firmas de personas que habían muerto meses o años atrás y -de éstas- 14 mil 957 fueron entregadas por la asociación Que Siga la Democracia, que se afirma fue el mecanismo «ciudadano» que creó Morena para recabar las firmas.

Durante la sesión de la Comisión de Quejas, la consejera Claudia Zavala aseguró que no sólo es una actitud antidemocrática -sino ilegal- por lo que debe ser castigada.

«En cualquier ejercicio de participación cuando se vaya a salir a pedir la voluntad de la ciudadanía tendría que ser un ejercicio auténtico y lo que ahora nos demuestra este expediente es que tiene que ver con algo que no es auténtico, con el uso indebido de documentos electorales.

«(Esto) No corresponde a demócratas, corresponde a un sistema donde se abusa de los instrumentos que en algún momento la ciudadanía dio para cualquier otro trámite y que le están dando un uso indebido. Ojalá por el bien de nuestra democracia esa institución despliegue las investigaciones y haga lo propio porque quien altere la voluntad ciudadana en cualquier modalidad tiene que ser reprendido por el Estado mexicano, porque eso se llama delito», aseguró.

El consejero Ciro Murayama afirmó que desde un inicio advirtieron de estas trampas luego de que Morena rechazó que se usara la aplicación digital, la cual garantizaba que detrás de una firma había un ciudadano vivo y con credencial electoral en mano.

«Esto quiere decir que quienes conforman esa agrupación (Que Siga la Democracia) tuvieron acceso a fotocopias de personas fallecidas, que vaciaron los datos contenidos en el padrón electoral para simular un apoyo; es decir, se hizo un uso ilegal de datos registrales, lo cual cual está contemplado en nuestra legislación como un delito», dijo.

Recordó que en las firmas que entregó dicha organización no sólo estaban personas muertas, también había miles de apoyos con otras irregularidades.

«Esta asociación, dirigida por una persona que fue candidata a un cargo de elección popular por Morena, entregó una altísima cantidad de firmas fraudulentas, cometiendo delitos, nosotros como autoridad administrativa pondremos a la persona moral una sanción administrativa, pero haber usado datos del patrón electoral de manera fraudulenta es un delito.

«Ojalá que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales actúe con la independencia que la Constitución le mandató para que estas prácticas, totalmente abusivas y contrarias al Estado de Derecho, a la democracia y al decoro, sean sancionadas, ojalá, ojalá, ojalá», remató. También se dio vista al INAI y se ordenó a la agrupación publicar en su página y redes sociales un extracto de la resolución durante 30 días, esta publicación no debe contener comentarios o expresiones ajenas al acuerdo, que será remitido al Consejo General.

Con Información de Reforma