Xalapa, Ver.- El diputado federal, Jesús Alberto Velázquez Flores, calificó como «una broma» la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, porque dejan otro con las mismas atribuciones punitivas.

«La redacción de los dos delitos es exactamente el mismo, cambian un poco las penalidades, pero en realidad siguen siendo los mismos».

En entrevista, el legislador perredista se refirió a la propuesta de reforma enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al congreso del estado para derogar el delito de ultrajes a la autoridad.

«La derogación del tipo penal de ultrajes a la autoridad, es en realidad una broma que la reforma que envía el gobernador Cuitláhuac García Jiménez».

En ese sentido, Velázquez Flores, advirtió que tanto el delito de ultrajes a la autoridad y el delito de en contra de las instituciones de seguridad pública, son iguales.

«La redacción de los dos delitos es exactamente el mismo, cambian un poco las penalidades, pero en realidad siguen siendo los mismos».

Hoy el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dijo, trata de de derogar el delito de ultrajes a la autoridad, manda la iniciativa al Congreso local para su cumplimiento.

«Pero aún suponiendo que se derogue el delito de ultrajes a la autoridad, seguirá el arma represora en el delito en contra de las instituciones de Seguridad Pública, ahí está señalada la misma conducta. Seguirán utilizando como un brazo para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de aquellos personas que se le son incómodos al gobierno de Veracruz».

Recordó que al PRD, le tocó poner a «los primeros presos políticos que hubo en Veracruz y de ahí hay una infinidad de personas detenidas por este delito».

Se está proponiendo derogar el artículo 331 mismo que impone de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

Sin embargo, dejan vigente el artículo 371 Quinquies que establece se detendrá a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de una institución de seguridad pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.