XALAPA.- A tres años de la aprobación de la ley en materia de desaparición de personas y la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda para el estado de Veracruz, las familias que han sido víctimas de ausencia de un ser querido señalaron que falta una estrategia de trabajo que permita ir más allá de publicar fichas de búsqueda en redes sociales.

Tanto colectivos como familiares de personas desaparecidas consideran que la atención no es integral y por ende quienes terminan haciendo el trabajo de la comisión son ellos mismos. “¿De qué servirá entonces tener una institución a la que le destinan un presupuesto que no funciona?” cuestionaron.

La ley señala que la CEBV será la encargada de diseñar, proponer y aplicar los mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

Al corte de enero, el registro de personas desaparecidas era de 5 mil 508 casos integrados en colectivos, a ellos habría que sumar los que no han buscado unirse a estos grupos y que no cuentan con los mismos canales de atención.

En dicha comisión fue nombrado de inicio Geiser Caso Molinari, quien contaba con la experiencia de haber sido parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y haber atendido el problema de la desaparición de personas; sin embargo, tres meses después renunció a continuar en el cargo. Las explicaciones fueron “motivos de salud”, sin embargo, las integrantes de los colectivos presumen que hubo otras cuestiones de fondo, pues Caso se había coordinado para trabajar con el anterior Fiscal, Jorge Winckler, a quien trataban de sacar de la Fiscalía, por ser integrante del grupo político del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Con la salida de Geiser Caso, el gobernador Cuitláhuac García puso solamente como encargada de despacho a Brenda Cerón Chagoya una joven militante de Morena quien sin contar con el perfil se quedó al frente. La nueva funcionaria no contaba con la experiencia ni la preparación.

En su momento los colectivos dividieron opiniones, pues mientras que unos señalaban que la única ventaja de Cerón era haber sido amiga de la entonces diputada Tania Carola Viveros Cházaro y tener una empresa de banquetes catering no veían que tuviera el perfil adecuado para estar al frente de dicha institución, pero por otro lado consideraban que le tenían que dar oportunidad porque era parte de quienes consideraban que tenían la intención de atender el problema que a tres años sigue agudizándose.

“No bastaba la honestidad, se requería el perfil”, confió una autoridad consultada.

Tiempo vital perdido

Para Luisa Ronzón Montiel, madre de Luis Ronzón, desaparecido el 9 de enero de 2020, el trato con la Comisión Estatal de Búsqueda le ha significado desaliento.

Por el caso de su hijo, Perla N, la novia del joven, está detenida y bajo proceso penal; sin embargo, siguen sin conocer la ubicación de Luis.

La madre, quien no está integrada a ningún colectivo, aseguró que a pesar de que la CEBV debe realizar acciones que por ley le competen, la respuesta no ha sido la adecuada.

A la par de una profunda pena, ahora entiende que debe capacitarse y que debió agilizar el procedimiento de búsqueda que no le explicaron que era necesario.

“Por ejemplo, en la ley contempla que ellos tienen que hacer un análisis de contexto y yo no sabía esa parte, uno no conoce las leyes. Lo solicité por escrito en el mes de junio, lo mandan a la Fiscalía dos meses después, con datos erróneos. En febrero del 2021 vuelvo a pedir un análisis de contexto individualizado y me lo presentan en julio de ese mismo año, es decir seis meses después y de todo lo que me presentan es generalizado, no individualizado

Dicho análisis es vital para que en la Fiscalía hagan la búsqueda. Luisa ha tenido que desmenuzar ella misma la madeja que significan los trámites que deberían realizarse en las mismas instituciones si hubiera una verdadera vinculación, la cual no hay.…”

Mencionó que de ese análisis sólo pudo extraer un dato que es el que proporcionó a la Fiscalía. Ha solicitado plan de búsqueda y la respuesta es que ellos no lo hacen. Lo único que le han ofrecido es la difusión que es la emisión de una ficha que difunden en los canales oficiales.

“Una búsqueda no es difusión porque eso lo he hecho yo diariamente desde hace dos años, pero realmente esa no es una búsqueda a un familiar”, lamentó Luisa.

Explicó que presentó quejas, pero las instancias le dan la razón a la CEBV, pese a las demostradas anomalías que la han llevado a que su hijo siga desaparecido después de dos años.

Liliana y Sergio no aparecen,

los que se los llevaron sí

Los hermanos Sergio y Liliana Rueda Daniel, de 37 y 42 años, originarios de Puebla, desaparecieron el 16 de julio de 2019 en la ciudad de Córdoba. En su calidad de empresarios, habían viajado a cerrar negocios. La familia acusa que las investigaciones han estado plagadas de irregularidades y falta de interés de seguir una adecuada investigación.

Y es que al igual que en el caso de Luis, ya hay personas detenidas, pero pese a ello los hermanos no aparecen.

El esposo de Liliana Rueda, Marcelo Salinas, aseguró que las omisiones, incumplimientos y retrasos de los actores estatales, repercuten negativamente en los derechos de las víctimas, en quienes siguen recayendo indebidamente, en ocasiones a costa de grandes riesgos, la carga de buscar a sus familiares e incidir en el aparato de procuración de justicia para que cumpla con identificar y sancionar a los responsables.

Nayeli Guarneros Zarandona, exdiputada federal y amiga de los hermanos Rueda, presentó un amparo que obliga a las autoridades estatales a realizar las acciones necesarias para las investigaciones, aunque un juez de Distrito otorgó el beneficio y emplazó a continuar con las investigaciones necesarias para ubicar a los hermanos, el caso sigue siendo uno de los más de 5 mil que siguen en lista de espera.

La familia de los hermanos Rueda no se ha integrado a ningún colectivo porque viven en San Pedro Cholula, confiaban en que el apoyo de las autoridades sería vital, pero han observado cómo ha pasado el tiempo sin que tengan resultados.

Sin lazos
Pero para Anaís Palacios, activista y exintegrante del Consejo Ciudadano aunque los Colectivos y sus demandas son atendidas, la debilidad es que por más que sean escuchados los casos no son atendidos con agilidad.
“Hay casos de 10 o más años de desaparición, cuyas familias son escuchadas, pero no han sido localizadas las personas. Hay temas de búsqueda en vida y de necesidad de explorar los panteones municipales por la dinámica que en 2010 se llevaba: que no había protocolos, como lo han señalado las familias, pero eso hay que trasladarlo al marco jurídico y a todos los casos de desaparición”.

Insistió en que los canales de comunicación y las formas de búsqueda de larga data, valdría la pena replantearlas para ver qué es lo que están haciendo las autoridades y la CEBV para apoyar a las familias de las víctimas.

Los colectivos emprendieron desde 2016 las búsquedas de sus seres queridos en fosas clandestinas. De Norte a Sur, hay puntos en donde se han encontrado restos. Las identificaciones se han tornado lentas porque a pesar de que a los familiares de los desaparecidos les han solicitado las muestras genéticas, todavía tendrían que pasar un proceso que debería darse a través de la Comisión Estatal de Búsqueda, pero sin comunicación y sin coordinación, podrían pasar meses para poder ubicar un cuerpo.

La idea de buscarlos con vida poco a poco la pierden y admiten que es desalentador el que se pierdan horas y días porque aún no terminan de entender cuáles son los alcances de cada una de las instituciones que tampoco los orientan adecuadamente.

Anaís reflexiona sobre la importancia que ha tenido el que se destinen recursos, que se tengan un panteón ministerial o una Unidad Integral de Servicios Médico-Forenses, sin embargo, también falta la atención y que los canales de comunicación con las familias de las víctimas funcionen.