A nombre de la bancada panista se presentó un punto de acuerdo para que INE investigue y sancione uso político-electoral de esta estructura de Morena
Los Servidores de la Nación operan en favor de la candidata a la Presidencia de la República por Morena, denunció.
Los hechos pueden constituir delitos electorales que ameritan hasta 14 años de prisión
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el Coordinador de la bancada, Julen Rementería del Puerto, denunció el uso político-electoral de los Servidores de la Nación a favor de la candidata presidencial de Morena y calificó de mapaches electorales a los integrantes de esta estructura gubernamental.
“Venimos a anunciarles la presentación de un punto de acuerdo que ha sido presentado ya en la Mesa Directiva, que tiene que ver con una denuncia que hacemos de mapaches electorales; que son denominados así, y lo malo de estos es que son servidores públicos, son servidores de la nación. Estos mapaches electorales, son alrededor de 20 mil en todo el país, tienen antecedentes ya de su conducta que por supuesto tiene que intentarse corregir y eso justo es a lo que venimos hoy. Tan solo la Secretaría del Bienestar tiene bajo su adscripción a 20 mil personas que lo que hacen es simplemente propaganda del gobierno y cuando vienen las campañas, como en esta ocasión, hacen propaganda de las campañas específicamente de sus candidatos”, informó.
Al anunciar la presentación de un punto de acuerdo para solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar y sancionar estas prácticas, el coordinador de la bancada panista, Julen Rementería del Puerto, también informó, que el Grupo Parlamentario del PAN, solicitó también a la Fiscalía General de la República (FGR), investigar y en su caso encauzar penalmente a quienes resulten responsables de los hechos posiblemente constitutivos de delito.
Afirmó que estas personas están bajo la adscripción de la Secretaría del Bienestar y se dedican a “hacer propaganda del gobierno y cuando vienen las campañas, como en esta ocasión, propaganda de las campañas específicamente de sus candidatos”.
Rementería del Puerto, recordó que estas conductas son constitutivas de delitos que pueden ameritar hasta 14 años de cárcel, de acuerdo con las leyes electorales, por lo que alertó a los familiares de los jóvenes que están siendo obligados a cometer delitos: “Tengan mucho cuidado. Eso va a provocar seguramente una responsabilidad. Si no es ahora, que gobierna Morena, sí en la próxima administración”, advirtió.
En el texto entregado a la Mesa Directiva para su trámite, las y los senadores del PAN exponen que los llamados “servidores de la Nación” es una red de operadores adscritos a la Secretaría del Bienestar que realizan diversas funciones para la operación de programas sociales y que, sin embargo, en múltiples ocasiones han sido denunciados como operadores electorales de Morena.
Señalan que, en 2021, año de elecciones intermedias, el PAN denunció a esa estructura porque pedían a los adultos mayores su credencial de elector como condición para aplicarles la vacuna contra el Covid-19.
En 2023, establecen en el documento, un grupo de ex “servidores de la Nación” denunció que se les obligó a realizar trabajos por la candidata de Morena en el Estado de México, “tales como realizar encuestas, colgar lonas, volantear, perifonear, hacer reuniones con los colonos, acarreos, visitas domiciliarias para promover el voto a favor de la candidata, entre otros varios actos de proselitismo”.
En agosto de 2023, en el contexto del proceso electoral interno de Morena por la presidencia de la República, el entonces aspirante por ese instituto, Marcelo Ebrard, denunció la utilización de servidores públicos para favorecer el proyecto de Claudia Sheinbaum, subrayó
Dichas conductas constituyen delitos electorales y delitos por hechos de corrupción, tales como peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por los que podrían imponerse hasta 14 años de prisión a los responsables.
“Estos servidores de la nación, este grupo de mapaches que está organizado desde el gobierno, y que eso es lo peor, bueno, no solamente porque está mal, porque hay una ley que lo prohíbe, una ley electoral, sino porque además es profundamente antiético el que venga desde el gobierno la promoción violentando la ley y pagando con recursos del erario público más de 3 mil 250 millones de pesos al año, solo en sueldos a estas personas, para que sean sus promotores. Es algo absolutamente indebido y no se puede simplemente quedar en un llamado, como esos llamados a misa. Lo que necesitamos es que las cosas realmente se corrijan en este país”, concluyó.
